Un fallo que expresa el valor del trabajo interdisciplinario, el litigio estratégico y la defensa de los derechos fundamentales en la ejecución penal
En el marco de la intervención del Observatorio Jurídico de LESIS Argentina, en carácter de amicus curiae, el Tribunal en lo Criminal N.º 1 de Morón dictó la Resolución RR-32-2026, de fecha 8 de abril de 2026, por medio de la cual resolvió hacer lugar a la incorporación de una persona privada de libertad al régimen abierto, reconociendo su evolución institucional, educativa y tratamental.
Se trata de un pronunciamiento de enorme relevancia no solo por sus efectos concretos, sino también porque visibiliza algo que desde LESIS Argentina venimos sosteniendo desde hace tiempo: la progresividad de la pena debe ser real, operativa y compatible con los derechos fundamentales, aun en aquellos casos donde persisten fuertes resistencias estructurales.
Un caso especialmente significativo
La situación adquiere mayor trascendencia si se considera que la persona involucrada lleva casi nueve años privada de libertad sin sentencia firme, lo que vuelve todavía más exigente el deber de control judicial, de tutela efectiva y de respeto por las garantías constitucionales y convencionales.
En este contexto, el reconocimiento del régimen abierto no fue producto del azar. Fue el resultado de un proceso de trabajo serio, sostenido y estratégico, en el que el Observatorio Jurídico de LESIS Argentina acompañó durante un año la construcción de un camino orientado a demostrar que la progresividad no puede medirse únicamente desde una lógica punitiva, sino también a partir de las herramientas concretas de transformación personal, educativa y social.
Cómo se llegó a este resultado
Este avance judicial fue posible también porque, desde una mirada interdisciplinaria, se promovieron dispositivos tratamentales reales que permitieron fortalecer el recorrido de la persona privada de libertad.
Entre ellos se destaca especialmente el programa “Pensar(nos)”, coordinado por la Directora de Salud Mental de LESIS Argentina, Licenciada Nancy Dolores Ramos, psicóloga integrante del equipo institucional. Este espacio funciona como un taller de revisión crítica de las conductas y los vínculos en contexto de violencia sexual, orientado a generar procesos de introspección, responsabilización subjetiva, revisión del daño causado y reconstrucción de proyectos de vida compatibles con el respeto a los derechos humanos.
Pero ese no fue el único aporte. Durante este proceso también se impulsó la construcción de herramientas concretas de superación personal y reinserción, mediante la participación en cursos, capacitaciones y talleres formales, además del sostenimiento de la trayectoria educativa universitaria y otras experiencias formativas dentro del encierro. Todo ello permitió demostrar que la progresividad no es una abstracción, sino una realidad que debe poder leerse en los hechos.
El fallo y el reconocimiento de la evolución
La resolución destaca elementos de enorme peso jurídico:
- Conducta ejemplar y concepto bueno.
- Ausencia de sanciones disciplinarias.
- Inserción en régimen semiabierto modalidad amplia.
- Participación en trayectos educativos, laborales y formativos.
- Dictamen favorable del Departamento Técnico Criminológico, que recomendó la incorporación al régimen abierto.
Esto significa que el Tribunal reconoció expresamente que existió una evolución favorable, que fue capitalizado positivamente el tiempo de detención y que el interno supo aprovechar las oportunidades brindadas dentro de la institución penitenciaria.
El aporte del Observatorio Jurídico como amicus curiae
La intervención del Observatorio Jurídico de LESIS Argentina en este caso, bajo la figura de amicus curiae, tuvo como eje no la defensa de un interés privado aislado, sino la defensa del interés general comprometido en el respeto a los derechos fundamentales en la ejecución penal.
Desde esa perspectiva, el trabajo del Observatorio consistió en acompañar institucionalmente el proceso, visibilizar la afectación del principio de progresividad, aportar fundamentos sobre el derecho a la educación y la reinserción social, e impulsar una lectura compatible con las garantías constitucionales.
Este fallo deja, además, una enseñanza institucional relevante: LESIS Argentina comienza a ser reconocida como un verdadero actor dentro de estos procesos, no solo como organización acompañante, sino como agente de transformación, con capacidad de incidir desde un trabajo serio, humano e interdisciplinario.
Un análisis profundo de las normas y garantías en juego
Desde el Observatorio Jurídico, este caso fue abordado a partir de un análisis profundo del marco normativo aplicable y de las garantías comprometidas, tales como el principio de progresividad de la pena, la tutela judicial efectiva y el derecho a la educación en contexto de encierro.
En este sentido, la intervención institucional no solo se apoyó en la experiencia concreta de trabajo dentro de los establecimientos penitenciarios, sino también en una comprensión jurídica de fondo: la ejecución penal no puede ser un espacio de arbitrariedad, demora o mera reproducción del castigo, sino un ámbito donde el Estado debe demostrar, con hechos, que respeta la dignidad humana.
Un avance importante, con desafíos pendientes
La Resolución RR-32-2026 representa un paso significativo porque reconoce la incorporación al régimen abierto. Sin embargo, el mismo fallo también rechazó las salidas transitorias y las salidas educativas bajo monitoreo electrónico, lo que deja planteado un problema todavía abierto: cómo transformar el reconocimiento formal de la progresividad en ejercicio efectivo de derechos.
Aun así, este pronunciamiento permite afirmar algo importante: cuando existen trabajo interdisciplinario, litigio estratégico, construcción tratamental seria y una defensa consistente de los derechos fundamentales, el sistema puede comenzar a moverse.
Observatorio Jurídico
LESIS Argentina Asociación Civil